|
Por Jorge Cadús / 21 de Septiembre de 2012
33 AÑOS DE LA LLEGADA DE LA COMISIÓN
INTERAMERICANA DE DDHH
CUADRO DE SITUACIÓN
Hace 33 años, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, dependiente de la Organización
de los Estados Americanos, llegaba a la
Argentina. A lo largo de dos semanas, la
Comisión recogió testimonios, visitó cárceles y
recorrió varias ciudades del país, trazando un
breve aunque necesario mapa de la violación de
los derechos humanos bajo la dictadura militar.
Parte de ese recorrido se hacía público en el
"Informe sobre la situación de los Derechos
Humanos en la Argentina", aprobado el 11 de
abril de 1980.
LA COMISIÓN
"La CIDH ha recibido en los últimos años,
antes y después del pronunciamiento militar de
marzo de 1976, denuncias de graves violaciones
de derechos humanos en Argentina, a las cuales
ha dado el trámite reglamentario. Expresó
además, en diferentes oportunidades, a
representantes del Gobierno argentino su
preocupación por el número cada vez mayor de
denuncias y por las informaciones recibidas de
distintas fuentes que hacían aparecer un cuadro
de violaciones graves, generalizadas y
sistemáticas a derechos y libertades
fundamentales del hombre".
Así comienza el "Informe sobre la situación de
los derechos humanos en Argentina", resultado de
la "observación in loco" llevada a cabo por esa
Comisión en nuestro país desde el 6 y hasta el
20 de septiembre de 1979, hace 33 años.
La llegada de la Comisión estuvo precedida de un
pedido formal realizado a las entonces
autoridades del país, instaladas a partir del
Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
Como respuesta, "el gobierno argentino, por nota
del 18 de diciembre de 1978, extendió a la CIDH
una invitación para realizar esta observación in
loco", originalmente programada para el mes de
mayo de 1979, relata aquel informe.
Por distintos motivos, la visita fue aplazada, y
la delegación -integrada por Andrés Aguilar,
Luis Demetrio Tinoco Castro, Marco Gerardo
Monroy Cabra, Carlos Dunshee de Abranches, Tom
Farer y Francisco Bertrand Galindo, más personal
técnico y administrativo- comenzó finalmente sus
actividades el 6 de septiembre de aquel '79.
"El propósito de la visita es realizar una
observación relativa al respeto de los derechos
humanos, a las denuncias acerca de violaciones a
dichos derechos y estudiar y analizar la
situación de la materia a efecto de preparar un
informe", sostenía el primer comunicado de
prensa de la Comisión, recién llegada al país.
LAS ENTREVISTAS
A partir del 7 de septiembre se sucedieron las
entrevistas con el máximo representante de la
dictadura, el teniente general Jorge Rafael
Videla, la Junta Militar de Gobierno integrada
por el teniente general Roberto Viola, el
brigadier general Omar Graffigna y el almirante
Armando Lambruschini, el entonces ministro del
Interior, general Albano Harguindeguy, el
presidente de la Corte Suprema de Justicia
Adolfo Gabrielli, y otros tantos funcionarios
ejecutivos, de las fuerzas de "seguridad" y de
la llamada "justicia" de la dictadura, a nivel
nacional y provincial.
Las entrevistas abarcaron a las autoridades de
la Conferencia Episcopal Argentina, y al mismo
tiempo, se concretaron encuentros con los
ex-presidentes de la Nación: Arturo Frondizi,
los generales Marcelo Levingston y Alejandro
Lanusse, Héctor Cámpora -refugiado en la
Embajada de Méjico- e Isabel Martínez de Perón
dejaron su testimonio. Otro general, Juan Carlos
Onganía, se negó a recibir a la delegación.
También se escucharon las voces de
representantes de los partidos políticos
mayoritarios, asociaciones profesionales,
gremiales, sindicales, comerciales y
empresarias.
En forma paralela, brindaron su relato las
entidades del campo de los derechos humanos: la
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
(APDH), la Liga Argentina por los Derechos del
Hombre (LADH), el Movimiento Ecuménico por los
Derechos Humanos (MEDH), los Familiares de
Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas
y las imprescindibles Madres de Plaza de Mayo.
LA LUCHA DIARIA DE LAS MADRES
En esos encuentros, la representante de Madres
planteó: "la experiencia que nos dio esta lucha
diaria, menuda en sus logros, nos hizo madurar.
Comprendimos que 'cada caso' era 'todos los
casos', que de lo individual debíamos pasar a lo
genérico. Si todos los casos tenían
connotaciones similares podía llegar a darse una
definición de lo que era un 'desaparecido'. Es
tan nueva esta acepción de la palabra que al
usarla la encomillamos. Urge pues precisar el
trozo de realidad que se cubre con este nuevo
uso del término 'desaparecido'. Y pasar así a la
norma del sistema".
"Queda ahora abierto el camino para que las
instituciones que salvaguardan el cumplimiento
de los derechos humanos puedan pronunciarse, no
ya sobre un caso particular, sino sobre la
organización de las desapariciones como sistema
de represión", indicó ante los miembros de la
Comisión internacional, y con una lucidez
entrañable, la referente de las Madres de los
pañuelos, que para entonces tenían ya tres años
de ronda constante contra el olvido y la
impunidad.
El testimonio de la representante de Madres
señaló también la historia por venir: "debemos
asimilar esta verdad porque es nuestro
compromiso con las generaciones futuras. Sino
quedará por siempre una sombra de tristeza en
los descendientes de esta generación tronchada y
no llegará la paz a tanto familiar desolado.
Siempre mirará a su alrededor pensando en qué
lugar incógnito podrá seguir sufriendo su hijo o
qué árbol o qué trozo de cielo recogió su última
mirada, su último suspiro, su último
pensamiento..."
LAS DESAPARICIONES
El 20 de septiembre, la Comisión en pleno se
reunió nuevamente con Jorge Rafael Videla y sus
ministros, y entregó al representante de la
dictadura un documento de Recomendaciones
Preliminares. Allí, la delegación internacional
pidió la libertad de aquellos detenidos a
disposición del Poder Ejecutivo Nacional sin
causas razonables, que mejoren las condiciones
del régimen carcelario, que se den las
seguridades judiciales necesarias y se otorguen
las garantías procesales negadas.
Ese documento, entregado en mano al dictador
Videla, sostenía: "el problema de los
desaparecidos es uno de los más graves que en el
campo de los derechos humanos confronta la
República Argentina", y recomendaba "que se
informe circunstanciadamente sobre la situación
de las personas desaparecidas"; "que se impartan
las instrucciones necesarias a las autoridades
competentes a fin de que los menores de edad
desaparecidos a raíz de la detención de sus
padres y familiares y los nacidos en centros de
detención, cuyo paradero se desconoce, sean
entregados a sus ascendientes naturales u otros
familiares cercanos" y "que se adopten las
medidas pertinentes a efecto de que no continúen
los procedimientos que han traído como
consecuencia la desaparición de personas..."
Si bien la Comisión "no está en condiciones de
dar una cifra exacta del número de desaparecidos
en Argentina", el Informe sostiene que "parece
la más verosímil, por concordar con las propias
denuncias que ha recibido, la lista que le fue
entregada por el Ministro de Interior, general
Albano Harguindeguy", confeccionada por APDH,
LADH, MEDH y Familiares de Detenidos y
Desaparecidos, "la que comprende un número de
5.818 personas que entre el 7 de enero de 1975 y
el 30 de mayo de 1979 fueron aprehendidas en sus
domicilios, lugares de trabajo o en la vía
pública por grupos armados que -prima facie- y
casi siempre invocándolo expresamente, actuaban
en ejercicio de alguna forma de autoridad
pública".
El número -sostiene el documento final de la
CIDH- "no abarca a la totalidad de los
desaparecidos", aunque "cualquiera que, en
definitiva, sea la cifra de desaparecidos, su
cantidad es impresionante y no hace sino
confirmar la extraordinaria gravedad que reviste
este problema".
LAS CONCLUSIONES
"... por acción u omisión de las autoridades
públicas v sus agentes, en la República
Argentina se cometieron durante el período a que
se contrae este informe -1975 a 1979- numerosas
y graves violaciones de fundamentales derechos
humanos...", cierra diciendo el Informe
presentado por la Comisión Especial el 14 de
diciembre de 1979, y aprobado en la sesión del
CIDH del 11 de abril de 1980.
En sus conclusiones, el Informe sostiene que
esas violaciones han afectado el derecho a la
vida, el derecho a la libertad personal, el
derecho a la seguridad e integridad personal, el
derecho a la justicia y proceso regular, el
ejercicio pleno de la libertad de opinión,
expresión e información, los derechos laborales,
los derechos políticos, y el ejercicio de
determinadas actividades religiosas.
El documento sostiene también que después de la
visita de la CIDH "han disminuido las
violaciones de estos derechos..."
LOS MEDIOS
"Los argentinos somos derechos y humanos",
rezaba la publicidad del Banco de la provincia
de Buenos Aires publicada en el diario La Prensa
del 5 de septiembre de 1979.
La frase -multiplicada en medios de difusión,
calcos en los parabrisas de los autos y hasta en
los relatos de fútbol- marcó el pulso del
discurso oficial de esos días.
La edición del 6 de septiembre del diario Clarín
consignaba en su tapa: "Llega hoy la Comisión de
Derechos Humanos". Por su parte, el diario La
Nación brindaba un ángulo de tapa a la noticia:
"La CIDH inicia hoy su trabajo. Se prevén
contactos con el Presidente, el canciller y el
ministro del Interior. La recibe Lanusse;
campaña antiargentina", señalaba el matutino.
"Comisión de Derechos Humanos: ¿Qué buscan?",
tituló la revista Somos su edición del 7 de
septiembre de 1979. En la portada, un civil de
rostro adusto -representando al presidente de la
delegación, el venezolano Andrés Aguilar-
observaba con una lupa gigantesca a un militar
que se mostraba sorprendido. En la revista,
Monseñor Octavio Derisi, rector de la
Universidad Católica, se preguntaba: "¿Cómo
puede hablar de derechos humanos Estados Unidos,
un país que ha tenido un millón de abortos en un
año?". Los titulares de portada del diario
Crónica de ese día pintaron el clima del país:
"Oficial: detenidos a disposición del PEN: 1.438
personas"; "La Junta Militar recibe a la CIDH";
y "Más derecho y humano imposible: de La Quiaca
hasta el Japón... Argentina corazón..!", en
referencia a la final de la Copa Mundial
Juvenil, donde Argentina -en la que descollaba
un joven Diego Maradona- enfrentaba al "oso
ruso". El juvenil terminó derrotando a la Unión
Soviética en el lejano Japón, y la madrugada
argentina estalló en los gritos de gol, a partir
de las transmisiones de Radio Rivadavia, con
José María Muñoz en los micrófonos, y Radio
Mitre, donde Julio Lagos llamaba al festejo en
las calles. El mismo Muñoz sentenció: "Vayamos
todos a la Avenida de Mayo y demostremos a los
señores de la CIDH que la Argentina no tiene
nada que ocultar".
El diario La Nación, del 22 de septiembre, fue
el encargado de brindar la posición oficial de
la dictadura ante la CIDH. Lo hizo en palabras
del ministro del Interior, Albano Harguindeguy:
"No nos hemos confesado ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos. Nos hemos
limitado a exponer los hechos. La Argentina sólo
se confiesa ante Dios".
Mariano Grondona, desde las columnas de El
Cronista Comercial, ya lo había explicado
claramente el 12 de septiembre: "por creer que
el derecho a la seguridad es un derecho humano
que el Estado debe proteger, los argentinos
recibimos hoy la visita de la CIDH. Esto es lo
malo. Que están aquí porque somos derechos y
humanos".
EL TESTIMONIO DE LA REGIÓN
El 18 de septiembre de 1979 la delegación viajó
a la ciudad de Rosario.
Allí recogió la versión "oficial" a partir de
los encuentros con el comandante del 2º Cuerpo
de Ejército, general Adolfo Jáuregui; el jefe de
la Unidad Regional II de Policía de Santa Fe,
teniente coronel Horacio Berdaguer y el juez
federal Rafael Carrillo Avila.
Unos días antes, una delegación de Familiares
había viajado desde Rosario a Buenos Aires para
denunciar ante el organismo internacional la
represión desatada en el sur santafesino.
El Informe de la CIDH publicado en 1980, resume
una serie de casos testigos para demostrar las
violaciones cometidas por el Estado argentino y
que fueran constatadas en aquella visita.
Ese documento hace pública la situación de
Sergio Hugo Schilman (Caso 4674), estudiante de
Ciencias Económicas de la Universidad de
Rosario.
Relata el informe: "La Comisión recibió en
Argentina la denuncia sobre el arresto
arbitrario, malos tratos y torturas del joven
Sergio Hugo Schilman, quien había sido detenido
el 22 de agosto de 1979, en Rosario, lugar de su
domicilio, por personal que se identificó como
perteneciente a la Unidad Regional II de la
Policía de la provincia". El joven fue
"posteriormente liberado, en estado muy grave,
debatiéndose entre la vida y la muerte..."
Schilman fue detenido por la patota del Servicio
de Informaciones, y trasladado al Centro
Clandestino de Detención que funcionaba en la
ochava de San Lorenzo y Dorrego, una de las
esquinas de la manzana céntrica que entonces
ocupara la Jefatura de Policía rosarina, donde
fue brutalmente torturado. La CIDH presentó el
caso ante el Ministro del Interior, Albano
Harguindeguy, quien "ofreció una investigación
exhaustiva al respecto".
El 7 de diciembre de 1979, el gobierno argentino
entregó a la Comisión información sobre el caso,
indicando cínicamente que "se ha podido
constatar la efectiva producción de apremios
ilegales en la persona del causante, así como
determinar la identidad de los presuntos
responsables".
"Los ocho oficiales de la policía de la
Provincia de Santa Fe, actualmente detenidos,
serán juzgados próximamente por Consejo de
Guerra", sostenían en el colmo de la burla los
máximos responsables de la represión.
LA REPRESIÓN EN VILLA CONSTITUCIÓN
"Preocupa a la Comisión que desde hace varios
años, pero especialmente a partir del 24 de
marzo de 1976, dirigentes sindicales han sido
apresados en centros industriales del país sin
orden judicial, detenidos a disposición del
Poder Ejecutivo Nacional, o han desaparecido",
consigna el documento final de la CIDH. En el
marco de esa observación de las cotidianas
violaciones a los derechos laborales, la CIDH se
entrevistó -entre otros dirigentes sindicales-
con Alberto Piccinini, "secretario general de la
Unión Obrera Metalúrgica de Villa Constitución
detenido desde 1975 en la aislada cárcel de
Rawson, destinada a presos calificados de mayor
peligrosidad".
Piccinini había sido detenido el 20 de marzo de
1975, durante el llamado "Operativo Serpiente
Roja del Paraná", ordenado por el gobierno de
María Estela Martínez de Perón.
El Operativo se implementó -de acuerdo a la
explicación oficial- debido a "un complot
subversivo tendiente a paralizar la actividad
industrial, con epicentro en Villa
Constitución", descubierto por los organismos de
inteligencia del Estado.
Sesenta procedimientos, desde el norte de Gran
Buenos Aires hasta la santafesina San Lorenzo.
En ese marco, Villa Constitución es sitiada por
las fuerzas represivas. Cuatro mil efectivos de
las llamadas "fuerzas conjuntas", más 500
matones a sueldo y grupos de la Juventud
Sindical Peronista (JSP), fundada por José
Ignacio Rucci, tomaron la ciudad.
Fuerzas "legales" y acciones clandestinas de la
Triple A.
Más de 300 obreros fueron encarcelados. Otros
secuestrados, torturados y asesinados.
La Comisión Directiva de la seccional de la UOM,
excepto Luis Segovia, cae detenida: Alberto
Piccinini, Juan Rodolfo Acuña, Benicio Donato
Bernachea, Dante Melchor Manzano, Adolfo Onorato
Curti y Aragón son alojados en la Jefatura de
policía de Rosario. También es detenido el
secretario general de la Unión Ferroviaria de
Villa Constitución, Carlos Sosa.
Como respuesta a la represión, se lanza la
huelga general por tiempo indeterminado hasta la
libertad de todos los detenidos. La huelga
metalúrgica del sur santafesino se extendió a lo
largo de 59 días, con el apoyo de los pequeños
comerciantes de la zona, abarcando -entre otras
localidades- a Arroyo Seco, Villa Diego,
Rosario, San Nicolás y Figueras.
Pero la represión se profundizará. Villa
Constitución sumó, al final de la dictadura, más
de una treintena de militantes desaparecidos y
asesinados. La ciudad fue, en 1975, el campo de
ensayo de lo que después se aplicaría en todo el
país.
Tanto Piccinini como los demás dirigentes
villenses fueron absueltos en la causa por
"complot" en primera instancia por el juez
federal Guillermo Tschopp en 1977. La absolución
fue ratificada por la Cámara Federal de
Apelaciones de Rosario en 1978. Sin embargo,
continuaron arrestados a disposición del Poder
Ejecutivo Nacional.
El mismo Piccinini recordó -ante este medio-
aquella jornada del 20 de marzo de 1975: "es una
fecha triste para nosotros. Fue una gran
represión, donde nos encarcelaron a alrededor de
300 compañeros, una represión que no se hizo
sólo en Villa Constitución sino en todo el
cordón industrial, y que terminó con largos años
de cárcel, con una huelga heroica de los obreros
metalúrgicos sostenida a lo largo de dos meses.
Esa represión causó una derrota muy grande al
movimiento obrero".
LOS PASOS DE NORMA
"El número total de denuncias recibidas asciende
a 5.580, de las cuales son nuevas 4.153, que se
encuentran en proceso de tramitación", y se
suman a las 1.261 denuncias que la CIDH
registraba antes de su llegada al país,
detallaba el Informe final de la CIDH.
Una de esas 1.261 denuncias anteriores, que
motorizaron aquella visita del organismo
internacional, fue radicada con fecha 26 marzo
de 1979 por Norma Birri de Vermeulen.
"Mi hijo fue detenido el día 1 de abril de 1977
en la intersección de las calles José Ingenieros
y Mario Antelo, de la ciudad de Rosario, por
personal policial sin que hasta la fecha se
conozca la causa de dicha detención, ignorándose
igualmente su paradero", resumía aquella
denuncia, en breves cuatro líneas tipeadas a
máquina, la historia de la desaparición de
Osvaldo Mario Vermeulen, y la búsqueda de su
mamá, Norma.
Osvaldo fue detenido el 1 de abril del '77, en
el corazón del barrio Lisandro de la Torre, de
Rosario, alrededor de las cinco de la tarde. Una
hora después, personal de la Jefatura de Policía
allanó el domicilio de Norma. Siete automóviles,
entre patrulleros y autos particulares, sitiaron
la casa para detener a la compañera de Osvaldo.
Recién el 3 de mayo, la esposa de Osvaldo
Vermeulen recuperó su libertad.
En la sede de Jefatura, el subcomisario Raúl
Haroldo Guzmán, Jefe de la División
Informaciones de la Unidad Regional II, le
indicó al esposo de Norma que "recibieron una
llamada telefónica que decía que había dos
personas sospechosas en calles J. Ingenieros y
M. Antelo"; y que al llegar un patrullero
Osvaldo "huye de a pie, perdiendo la campera con
sus documentos".
Sin embargo, Norma -como tantas Madres
rosarinas- no se conformó.
Fue al lugar señalado. Recorrió baldosa por
baldosa el largo de la cuadra.
Preguntó. Buscó. Mostró las fotos queridas de
Osvaldo a cada vecino.
Así pudo reconstruir aquellos minutos de su
hijo: estaba en esa esquina, junto a un amigo,
cuando un grupo de tareas le dio la orden de
detención. Buscó refugio en el interior de un
negocio, en José Ingenieros 1820. Frente a la
dueña del local, de un cliente y de varios
vecinos, se lo llevaron.
Los pasos de Norma siguieron marchando, en
aquella escalera de cortada Ricardone; se
multiplicaron después cada jueves de ronda
contra reloj en la Plaza 25 de Mayo, junto a
esas mujeres de enorme ternura, imprescindibles
mujeres, irreemplazables ya.
Los pasos de Norma levantan vuelo cada vez que
bajo el mentón se anuda el pañuelo blanco.
LAS MADRES ROSARINAS
Para aquel 1979 de la observación de la CIDH, en
Rosario los Familiares de Detenidos y
Desaparecidos por Razones Políticas tenían ya un
vasto recorrido de luchas cotidianas.
En febrero de 1977, a casi un año de la
instalación de la dictadura militar, demandaron
mediante una solicitada: "Sin ausencias... sin
angustias... sin odios. Peticionamos al
Excelentísimo. Sr. Presidente, a los altos
mandos de las Fuerzas Armadas, al Comando del II
Cuerpo de Ejército, a la Corte Suprema de
Justicia, a las autoridades eclesiásticas y a la
prensa nacional y local para que contribuyan al
total esclarecimiento de: Nuestros
desaparecidos, estén vivos o muertos, y dónde se
encuentran".
Las primeras reuniones se concretaron en una
vieja casona, cedida por la Liga de los Derechos
del Hombre, ubicada en cortada Ricardone 58.
Allí, los familiares y allegados de detenidos-
desaparecidos comenzaron a recibir denuncias, a
sistematizar esa información, a redactar
solicitadas, en definitiva: a organizarse.
“En la Cortada eran cinco personas que se
rotaban para abrir el local. Había que subir una
escalera porque el lugar que nos habían prestado
estaba en la planta alta de una casa muy
antigua. La verdad era un lugar muy peligroso,
cualquiera podía subir. Estábamos por lo menos
dos horas solas, hasta que iban llegando las
demás. Allí conocí a Fidel Toniolli, a Mari
Prats, a Lucrecia Martínez, a White. Ahí también
conocí a Irma y a Darwinia”, recuerda Norma
Vermeullen.
De la mano de Darwinia Gallicchio, Irma Molina,
Nelma Jalil y un puñado más de mujeres,
comenzaba a gestarse el grupo de Madres de Plaza
25 de Mayo de Rosario.
Treinta años después de aquella inspección de la
CIDH -que derivara en su "Informe sobre la
situación de los derechos humanos en Argentina"-
dieron inicio los juicios por delitos de lesa
humanidad en los Tribunales Federales de
Rosario.
Oscar Guerrieri, Jorge Fariña, Juan Daniel
Amelong, Walter Pagano y Eduardo Costanzo, parte
del aparato represivo del Estado que sembró de
pólvora y picana el sur santafesino, fueron
sentados por primera vez en el banquillo de los
acusados, y sentenciados a cadena perpetua, en
cárcel común y efectiva. Los juicios se
multiplicaron. Las condenas, también.
Darwinia Gallicchio, María Irma Molina, María
Rosa White, Nelma Jalil, Elena Belmont, entre
otras muchas Madres, no llegaron a verlo.
Mucho de esa geografía de dignidades recuperadas
les pertenece.
**//**
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:
- Aguirre, Osvaldo. "Los pasos de la memoria".
Rosario, Instituto Movilizador de Fondos
Cooperativos, 1996.
- Basualdo, Eduardo / Lozano, Claudio / Fuks,
Miguel Angel "El conflicto de Villa
Constitución. Ajuste y flexibilidad sobre los
trabajadores. El caso Acíndar". Buenos Aires,
Asociación Trabajadores del Estado / Instituto
de Estudios sobre Estado y Participación, 1991.
- Blaustein, Eduardo, y Zubieta, Martín.
"Decíamos ayer". Buenos Aires, Colihue, 1998.
- Cadús, Jorge y Palacios, Ariel. "Combatiendo
al capital. Rucci, sindicatos y Triple A en el
sur santafesino". Rosario, Editorial Municipal
de Rosario, 2006.
- Cadús, Jorge y Toscanini, Facundo: "Un tiempo
ayer ceniza. Historias de la dictadura en el sur
de Santa Fe". Rosario, Editorial Municipal de
Rosario, 2009.
- Del Frade, Carlos. "Desaparecidos
Desocupados". Rosario, Fantasía Industrial II,
1996.
- Del Frade, Carlos. "El Litoral, 30 años
después. Sangre, dinero y dignidad". Rosario,
del Autor, 2006.
- Novaro, Marcos / Palermo, Vicente. "La
dictadura militar. 1976/1983". Buenos Aires,
Paidós, 2003.
- Organización de los Estados Americanos.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
"Informe sobre la situación de los derechos
humanos en Argentina". Original en Español.
Secretaría general OEA, Washington, Abril 1980.
**//**
Imagen: Carina Barbuscia / Fotos: Alapalabra |
