Por Grupo Editor / 21 de Febrero de 2013
CARLOS DEL FRADE EN LA LEGISLATURA
EL ROSARIO DE LOS NARCOS
"La lucha contra el narcotráfico supone tomar
conciencia que no sobra nadie y que es
fundamental salir del corralito de pensar el
problema desde lo partidario". Las palabras
fueron pronunciadas por el Periodista y escritor
Carlos del Frade, quien el martes 19 de febrero
presentó frente a la Comisión de Seguridad de la
Legislatura Provincial un minucioso informe que
da cuenta de su investigación sobre el
narcotráfico en la provincia de Santa Fe y,
particularmente, sobre las consecuencias que
atraviesan las barriadas rosarinas. Hace pocos
días, importantes referentes del Gobierno
Provincial salieron al cruce de sus denuncias
intentando desacreditarlo, tras el impacto que
significó poner al descubierto que Marcos
Escajadillo, hasta hace poco Secretario de
Seguridad de la Provincia y actual funcionario
de Defensa Civíl, está siendo investigado en un
caso que lo involucra junto a las redes de
narcotráfico.
Presentamos a continuación, junto a su más
reciente trabajo (publicado en la revista El
Guardián, edición Nº 105 del viernes 15 de
febrero de 2013), parte de la exposición de
Carlos del Frade frente a los Diputados que
integran la Comisión de Seguridad de la
Legislatura Provincial.
Audio: Carlos del Frade - Periodista
EL ROSARIO DE LOS NARCOS / Por Carlos del
Frade y Mauro Federico Los 400 “kioscos” que venden droga en
Rosario recaudan más de 2000 millones de pesos
anuales. Empresarios locales sospechados de
lavar el dinero generado en forma ilícita. Y un
hombre de estrechos vínculos con Hermes Binner,
denunciado por maniobras financieras de dudosa
legalidad.
El accionar del narcotráfico en Rosario ha
mostrado su cara más cruel y marginal. Tiroteos
entre bandas que se disputan el territorio, una
tasa de homicidios que triplica la media
nacional y la siempre presente connivencia
policial son parte de una realidad que
trasciende las fronteras provinciales y
evidencia la incapacidad del Estado para
controlar las mafias que lucran con la vida y la
muerte de los ciudadanos. Pero hasta ahora,
nadie se había animado a desnudar el complejo
entramado de negocios a través de los cuales se
lavan los cerca de 2000 millones de pesos
anuales producidos por la venta de
estupefacientes en los 400 “kioscos” que operan
en territorio rosarino. Y las complicidades
políticas que presuntamente protegen este
accionar.
Un minucioso trabajo de investigación presentado
en agosto de 2012 por dos funcionarios del
gobierno nacional, con injerencia directa en
temas de seguridad y lucha contra el
narcotráfico, ante un juzgado federal de la
ciudad de Buenos Aires, revela los vínculos
entre las familias que manejan la venta de droga
en los barrios periféricos de Rosario y varias
de las empresas que participan del blanqueo de
ese dinero a través de presuntas maniobras de
lavado. En el informe –al que EG accedió en
exclusiva–, se incluyen datos muy precisos sobre
personajes, actividades, lugares y cifras, entre
los que figura el doctor Marcos Escajadillo, ex
secretario de Seguridad santafesino y
colaborador muy estrecho de Hermes Binner desde
los tiempos en que el ex candidato presidencial
era secretario de Salud Pública rosarino.
LA SUERTE DEL QUEMADITO Sergio “el Quemado” Rodríguez es el
principal imputado por el triple crimen de Villa
Moreno, perpetrado en las primeras horas de 2012
contra tres militantes del Frente Popular Darío
Santillán.
La preocupación del Quemado era su hijo,
Maximiliano Rodríguez, herido esa misma noche y
uno de los principales referentes de la
oposición al Panadero Ochoa, actual mandamás de
la barra brava de Ñuls. El 27 de enero de 2013,
el Maxi volvería a ser herido en una pierna y el
martes 5 de febrero, en pleno microcentro
rosarino, fue fusilado de un certero balazo en
la cabeza. De acuerdo a la investigación llevada
adelante por el juez de instrucción Nº 7, Juan
Donnola, los dos eran los líderes de la banda
Los Quemados, tal como aparecen mencionados en
las escuchas telefónicas que fueron remitidas a
la justicia federal. Un grupo protegido por la
comisaría 19 y relacionado con la familia
Cantero, el poderoso clan conocido como Los
Monos, según también se desprende de las
escuchas.
Después del asesinato del Quemadito, la policía
detuvo a su novia, la modelo Sofía Lafatigue,
presunta familiar de un funcionario socialista,
imputada por el encubrimiento del homicidio y
por su presunta participación en una asociación
ilícita dedicada a la comercialización de drogas
y otros delitos de los que habrían participado
el novio y su familia. Sofía –sin actividad
laboral ni ingresos declarados– vivía en un
lujoso semipiso ubicado en Pellegrini y
Corrientes, con muebles de alta calidad y aire
acondicionado en todas las habitaciones.
“Se trata de un homicidio a la luz del día, en
pleno microcentro y a cara descubierta, una
acción típica del crimen organizado”, sostuvo el
juez que investiga el asesinato del Quemadito,
Javier Beltamone. Ese lunes 4 de febrero, el
ministro de Seguridad Raúl Lamberto había
presentado al nuevo jefe de la Policía
provincial, Omar Odriozola, en reemplazo del
investigado por enriquecimiento ilícito,
comisario Cristian Sola, quien había sucedido a
Hugo Tognoli.
ESPIRAL DE VIOLENCIA La ciudad de Rosario registró 183 homicidios
en 2012, una tasa de 15,3 por cada cien mil
habitantes, mientras que, según el Ministerio de
Justicia, a nivel nacional no supera los 5,5.
Sólo en los primeros cuarenta días de 2013 ya
hubo 35 asesinatos.
“Esto hace cinco años no pasaba”, coinciden las
voces de los vecinos y las vecinas de Ludueña,
Nuevo Alberdi, Tablada, barrio Toba y otros
territorios de la geografía rosarina. Tal vez
las razones que explican este cambio de realidad
tan drástico puedan encontrarse si prospera la
investigación presentada en agosto del año
pasado al doctor Sergio Torres, titular del
Juzgado Federal Nº 12 de la ciudad de Buenos
Aires. En esa documentación, producto de una
pesquisa aportada por dos funcionarios del
gobierno nacional que pidieron expresamente no
ser mencionados, hay argumentos que podrían ser
parte de un guión de cualquier película de
acción. Pero que al cruzarse con los hechos,
estremecen por su verosimilitud. “A principios
de 2009, Máximo Ariel Cantero conoce a ciertos
personajes paraguayos, proveedores de marihuana,
que lo contactan con vendedores de armas en la
Triple Frontera, los que comienzan
aprovisionándolo de armamento tal como pistolas
ametralladoras Capoeira, de origen brasileño,
pistolas y revólveres Taurus y escopetas CBC
calibre 12.70 a trombón, los que son traídas a
nuestro medio a mediados de 2009. Cantero padre,
en tanto, concurre por algunos meses a una
favela de Río de Janeiro, donde toma contacto
con personas ligadas al narcotráfico integrantes
del grupo conocido como Comando Vermelho,
incorporando a sus conocimientos delictivos los
métodos que comienzan a emplearse ese año,
cuando expanden sus negocios de comercialización
de drogas a diferentes puntos de la ciudad y
zona de influencia, asociándose con el conocido
narcotraficante y barrabrava de Ñuls, Daniel
Vázquez”, dice uno de los documentos.
En el barrio Tablada, las leyendas urbanas dan
cuenta de que los Vázquez fueron, originalmente,
los soderos del barrio. Hoy su casa es visitada
casi semanalmente por altos uniformados de
fuerzas de seguridad nacional y provinciales,
sostienen los vecinos.
ESPERANTO Y OTROS NEGOCIOS SOSPECHADOS En el abultado bibliorato que obra en poder
del juez Sergio Torres aparecen referencias muy
precisas a otro conocido de los rosarinos: Luis
Alberto Medina. “Junto a Germán Tobo y
utilizando como testaferro a Hernán Capucci,
Medina adquirió la franquicia para instalar en
la ciudad de Rosario un local bailable,
restaurante y hotel de nombre Esperanto, ubicado
en Presidente Roca 1463. Por esta franquicia
habría abonado 250 mil dólares al dueño de la
firma, Leo Battaglia, en tanto que como señal de
agradecimiento por el negocio realizado, le
habría entregado 50 mil dólares más. A pesar de
la oposición de los vecinos, el 18 de agosto de
2012 la disco finalmente abrió”. Más adelante la
denuncia agrega que “a Medina se le atribuyen la
propiedad de un automóvil BMW cupé descapotable
de color negro de última generación, dominio JIB
107, y otro vehículo marca Audi, tipo A3, de
color blanco dominio HDX 414”, ambos
presuntamente adquiridos con fondos provenientes
de negocios no declarados.
En varios de sus emprendimientos registrados,
como las sociedades Lumed y Yazmin, el nombre de
Medina aparece junto al de su compañera Daniela
Natalia Ungaro, integrante de una conocida
familia rosarina ligada al delito. Además de
haber estado ella misma detenida en varias
oportunidades acusada de distintos ilícitos.
Daniela es hermana de Lelio “Chapita” Ungaro, a
quien se vinculó con el asesinato del ex líder
de la barra brava de Ñuls, Roberto “Pimpi”
Camino, en marzo de 2010. Lelio recibió falta de
mérito, pero igual lo procesaron por la tenencia
ilegal de una pistola sin papeles. “En Rosario
hay cuatro o cinco referentes del narcotráfico
que manejan agencias de autos, que atesoran
inversiones inmobiliarias, que han contratado
buenos contadores, abogados y asesores
financieros para canalizar estos recursos”,
sostuvo el especialista en delito complejo y
actual diputado bonaerense Marcelo Saín.
“Si yo vendo diez kilos de cocaína por semana y
tengo una rentabilidad mensual de 500 mil pesos,
puedo vivir con 100 mil y me quedan 400 mil para
colocar. Esto me convierte en un empresario de
10 a 15 millones de pesos en dos años. Por eso
personas respetables del sector inmobiliario,
financiero y de servicios reciben flujos
monetarios de la droga”, agregó. Y finalizó con
una afirmación que bien podría ajustarse a
cualquiera de estos casos: “Cuando uno puede
comprar una lancha o un vehículo de 100 mil
dólares sin dar cuenta del origen de los fondos,
esa economía es propicia al narcotráfico”.
LA SOMBRA DE ESCAJADILLO Como tantos otros ciudadanos de países
latinoamericanos, Marcos Escajadillo llegó a
Rosario a mediados de los setenta proveniente de
su Perú natal para estudiar medicina en la
universidad rosarina. Una vez egresado,
Escajadillo comenzó a trabajar como médico en el
sistema de emergencias en Salud, dependiente de
la Municipalidad, y allí conoció al entonces
secretario del área, Hermes Binner. A principios
de los noventa, se desata una epidemia de cólera
en Perú y, entonces, Escajadillo y Binner viajan
juntos y entablan una fuerte amistad. Desde
aquella circunstancia, la suerte política de
Escajadillo quedó atada a la del dirigente
socialista. Así fue designado como el primer
director de la Guardia Urbana Municipal,
mientras cumplía simultáneamente funciones en
Defensa Civil. Aunque tuvo denuncias de
trabajadores municipales en su contra,
Escajadillo pudo gambetear cualquier tipo de
traba y durante los primeros ocho meses de
gestión de Antonio Bonfatti llegó a ocupar la
estratégica Secretaría de Seguridad de la
provincia.
Al estallar el escándalo que involucró al ex
jefe de la Policía Hugo Tognoli, Escajadillo fue
el único funcionario apartado de su cargo. Hoy
es funcionario de Defensa Civil y con buena
llegada a los cuerpos de bomberos voluntarios de
la provincia. De hecho el comisario Rubén
Criscenti cuestionó las maniobras que llevan
adelante los policías Víctor Hugo Vargas y
Sebastián Méndez, últimos responsables de la
cúpula de los Bomberos Voluntarios. “Todos
sabemos que están vinculados a Escajadillo y,
lamentablemente, hay que decir que existen
denuncias que hablan de la utilización de las
instalaciones y algunos bienes de la institución
a favor de negocios ilegales como el tráfico de
armas y hasta se habla de narcotráfico”, dijo
Criscenti a EG.
Escajadillo también aparece nombrado en la
documentación entregada al juez Sergio Torres
con una significativa referencia. Testigos
afirmaron haberlo visto varias veces en los
últimos cinco años cambiando grandes cantidades
de pesos argentinos por dólares, en una conocida
cueva financiera ubicada en el subsuelo de San
Martín 783, pleno microcentro rosarino. Hasta se
menciona una cifra: seis millones de pesos. En
el material documental aportado a la Justicia
constan los celulares y los nombres de las
personas con las que presuntamente el
funcionario debió haberse contactado para
concretar las operaciones.
“Tengo excelente opinión de Marcos Escajadillo,
de su familia y de su padre, que era sanitarista.
Pero haría mal en poner las manos en el fuego,
cada uno tiene que defenderse con sus propios
valores”, dijo Binner al ser consultado sobre la
situación de su ex colaborador. Mientras el
máximo referente nacional del Frente Amplio
Progresista hacía estas declaraciones, José
Alberto Cándido, jubilado rosarino, se
presentaba ante la fiscalía federal Nº 3 de
Rosario para acompañar la información que da
cuenta de la aparición del nombre de Escajadillo
en una causa vinculada al narcotráfico. “Lo que
hago en la denuncia es ratificar la información
sobre dónde hacía las operaciones de dinero
clandestino Escajadillo y doy fechas y horas y
con quien hacía la compraventa”, le dijo Cándido
a EG. “Le comenté a un amigo que me extrañaba
que una persona con tanta exposición pública
estuviera intercambiando dinero clandestino a la
vista de quien lo quisiera ver, y mi amigo me
respondió que era frecuente verlo los lunes y
los viernes en esta situación. Por eso el día 8
de abril de 2008 me dirigí a la zona de los
sanitarios y saqué una foto donde aparecían el
funcionario público y un conocido arbolito. El
hecho de ver a Escajadillo intercambiando
dinero, a la vista pública, era una situación
habitual y frecuente, pero esta vez llamó
poderosamente mi atención la cantidad de dinero
que había sobre la mesa”, declaró Cándido ante
el fiscal federal Marcelo Gambacorta, el pasado
8 de febrero. “Yo tenía, por ese entonces, una
cámara analógica a rollo y compraba los de 24
fotos, y guardo ese material en negativos”,
explicó Cándido a EG.
LA DIMENSIÓN DEL NEGOCIO Un caso testigo evidencia la magnitud del
negocio. Un búnker de bulevar Avellaneda al
4000. “La protección de la comisaría asciende a
1500 pesos por día. Un soldadito armado cuesta
300 pesos diarios. Uno desarmado, 150 pesos
diarios. Un cuidador y vendedor adentro del
búnker cuesta 400 pesos diarios. Si es menor
cuesta 200 pesos”, apuntan las cifras.
Y agrega el documento que “se suele cortar en
cuatro un kilo de cocaína de buena calidad que
cuesta 6500 pesos. En esas condiciones, un
‘kiosko’ o búnker deja 25 mil pesos por día, en
ese lugar y con ese predicamento. Uno intermedio
deja 12 mil pesos por día. Aunque hay 132
kioscos geoposicionados, con el nombre del
soldadito a cargo y a qué banda pertenece, se
calcula que en Rosario operan unos 400 puestos
de venta de droga”. La cifra total rondaría
entre los 1800 y 2000 millones de pesos por año:
la tercera parte del presupuesto municipal en un
año destinado a responder las necesidades de más
de un millón de personas.
