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Por José Schulman / 25 de Octubre de 2013
LA REPRESIÓN EN VILLA CONSTITUCIÓN
ACINDAR ANTE LA JUSTICIA
La investigación judicial por la represión del
llamado Villazo, en marzo de 1975, comenzó a
registrar los primeros testimonios. En el
Tribunal Federal de Rosario se escucharon ya las
declaraciones de Alicia Ruescas, hija de un
pastor evangélico y obrero de Acindar asesinado;
y del ex delegado gremial de la acería, Cástulo
Bogado. Al mismo tiempo, un dictamen firmado por
el juez Norberto Oyarbide en la causa iniciada
en diciembre del 2010 indica que el objetivo de
la represión fue "la desarticulación de la
comisión directiva de la UOM de dicha localidad
con la detención de todos sus integrantes y la
intervención de la seccional gremial con la
clara intención de que las políticas económicas
que se pretendían implementar no fueran
obstaculizadas por la actuación gremial". En ese
marco, dice el dictamen, los intereses
económicos de Acindar "no parecen ajenos a la
represión que se desata el 20 de marzo de 1975
en Villa Constitución".
En diciembre de 2010, junto con un destacado
conjunto de protagonistas del Villazo (la gran
rebelión democrática sindical de los
trabajadores de Villa Constitución contra la
Unión Obrera Metalúrgica, en marzo de 1974) y
sobrevivientes del Operativo Serpiente Roja (de
marzo de 1975, ordenado por un decreto
gubernamental de Isabel Perón e inspirado por el
presidente del directorio de Acindar y futuro
ministro de economía Alfredo Martínez de Hoz)
entre los que se contaban Juan Actis, Alberto
Piccinini y Carlos Sosa, la Liga Argentina por
los Derechos del Hombre denunció penalmente al
directorio de Acindar por los crímenes cometidos
contra los trabajadores y el pueblo de Villa
Constitución, alegando que fueron funcionales a
la imposición de un modelo de país que
favorecería directamente a la empresa de un modo
directo (la deuda externa que "cargaron" al
estado o la burla a la Ley Savio que prohibía
producir acero a partir del mineral de hierro ya
que esta labor era monopolio estatal de Somisa)
y como resultado del Plan Económico que
continuaron Cavallo, Menem y De la Rúa.
Puntualmente denunciamos las muertes, las
torturas al interior de la Planta Fabril, las
detenciones ilegales, los cambios regresivos en
las relaciones laborales y la transferencia de
las deudas contraídas por Acindar al Estado
Nacional.
La denuncia nunca gozó de la velocidad procesal
que caracterizan otras causas judiciales
emprendidas por el doctor Norberto Oyarbide. En
octubre del 2011 reconoció a la Liga como
querellante y tomó algunas pocas testimoniales.
Con la muerte de Alfredo Martínez de Hoz se
temía que el juez clausurara la investigación a
pesar de que en estos años hemos aportado nuevos
testimonios y la nomina del directorio de
Acindar de entonces. Sin embargo con fecha 16 de
setiembre del 2013 el Juez resolvió "determinar
que las presentes actuaciones continúen trámite
bajo el régimen procesal de la ley 23984"
dándole vista al fiscal para que se pronuncie
sobre la cuestión.
Como ni soy abogado ni el fiscal se ha
pronunciado sobre la cuestión, omitiré las
consideraciones judiciales para concentrarme en
los fundamentos de la resolución que receptan
los fundamentos principales de nuestras
posiciones sobre la relación entre Acindar y el
terrorismo de Estado así como la génesis misma
del golpe.
Dice Oyarbide: "Los distintos textos acompañados
por la querella y otros textos publicados a los
que se ha tenido acceso y que tratan los
acontecimientos de Villa Constitución, dan la
pauta que la represión y persecución que se
inicia el 20 de marzo en Villa Constitución y se
continúa más allá del golpe de estado del 24 de
marzo de 1976 tiene por objeto fundamentalmente
la desarticulación de la comisión directiva de
la UOM de dicha localidad con la detención de
todos sus integrantes y la intervención de la
seccional gremial con la clara intención de que
las políticas económicas que se pretendían
implementar no fueran obstaculizadas por la
actuación gremial".
Y luego de sostener que el Operativo Serpiente
Roja fue parte de un proceso escalonado por el
cual las Fuerzas Armadas fueron recibiendo del
gobierno de Isabel Perón el control territorial
de la nación mediante los Operativos
Independencia en Tucumán y el desencadenado en
Villa Constitución, señala: "En todo este
proceso el accionar de las fuerzas armadas fue
tomando cada vez más relevancia ya para ese
momento tenían el control operativo sobre
Tucumán, las fuerzas de seguridad controlaban el
litoral después de la represión del 20 de marzo
en Villa Constitución, y así se llega al dictado
de los decretos 2770/75 y 2771/75 por los cuales
la acción represiva contra la subversión en todo
el país queda en manos de las FF.AA. con la
subordinación de las fuerzas de seguridad
(FF.AA. y Policías Provinciales y Servicio
Penitenciario), llegándose así al golpe de
estado del 24 de marzo de 1976" por lo cual,
dado que considera que la Triple A existió entre
el 21 de noviembre de 1973 (atentado contra
Solari Irigoyen) y el 11 de julio de 1975
(salida de López Rega y su sequito al exterior)
los hechos represivos de Villa Constitución
deben investigarse por separado, pero a esta
distinción temporal le suma un elemento de
excepcional importancia: la responsabilidad de
Acindar.
Dice así: "Mas lo cierto es que el alcance de la
causa 1075/06 parece más acotada respecto de
éstas, ya que aquí se involucra la
responsabilidad del directorio de una empresa
como Acindar cuyo presidente en el momento de
los hechos era José Alfredo Martínez de Hoz,
quien luego de ocurrido el golpe de estado del
24 de marzo de 1976 pasó a ser Ministro de
Economía del gobierno militar que tomó el poder,
circunstancia esta que no puede soslayarse, dado
que los intereses económicos de Acindar, prima
facie, no parecen ajenos a la represión que se
desata el 20 de marzo de 1975 en Villa
Constitución".
Y en un párrafo contundente afirma: "Lo que se
vislumbra es que desde el gobierno nacional
constitucional se montó un andamiaje represivo
ilegal que se fue afianzando y consolidando, ya
que en un principio los ataques (amenazas,
atentados con bombas y homicidios) aparecían
como individualizados y solo dirigidos a
personajes que se manifestaban abiertamente
opositores -como Julio Troxler, Rodolfo Ortega
Peña y el cura Carlos Mugica, por mencionar solo
algunos- a los lineamientos políticos del
gobierno encabezado por María Estela Martínez de
Perón y José López Rega... más cuando los
reclamos sociales se fueron masificando,
organizando y las agrupaciones políticas
revolucionarias fueron adquiriendo
representatividad y legitimidad a través de
elecciones gremiales y sus reclamos fueron
adquiriendo la entidad suficiente para
transformarse en un obstáculo para los fines
perseguidos por el gobierno nacional, el aparato
represivo ilegítimo se fue transformando en un
verdadero terrorismo de estado que buscó no solo
amenazar y eliminar ya no a título individual a
opositores políticos sino a las organizaciones
políticas y sus militantes completamente, y así
se llegó a la institucionalización de la
represión" y vuelve a relatar la secuencia del
Operativo Independencia, el Operativo Serpiente
Roja y los decretos de Isabel Perón que ponen
todo el país bajo control operacional de las
FF.AA.
Como la denuncia contra Acindar había sido
vinculada a la causa contra Triple A, el Juez
resuelve continuar las investigaciones pero por
carril propio dadas dos circunstancias: a) que
la Triple A habría funcionado solo hasta el 11
de julio de 1975 y los hechos denunciados se
prolongan mucho más allá en el tiempo, durante
toda la dictadura militar que había puesto una
tanqueta en el camino de entrada a la planta
fabril como clara señal de "territorio enemigo
bajo control militar" y b) porque acepta nuestra
hipótesis que la represión desatada fue
instigada por el directorio de Acindar (dice
"prima facie" algo así "como es probable que")
en procura de sus intereses económicos, tal como
lo venimos sosteniendo desde hace años.
En ocasión de un acto en homenaje al
levantamiento del Ghetto de Varsovia, el Dr.
Raúl Zaffaroni sostuvo que ni la Memoria ni el
Juicio y el Castigo tenían funciones preventivas
contra un nuevo Genocidio. Es más, la
Declaración de los derechos humanos por parte de
las nacientes Naciones Unidas pareció más la
señal de largada para un interminable ciclo de
golpes de estado y genocidios que el anuncio de
un nuevo tiempo de “amor y paz”. El propio
Juicio de Núremberg solo preanunció el inicio de
la Guerra Fría y el fiscal argentino Alejandro
Alagia, reconoció su sorpresa al momento de la
sanción de la Ley Antiterrorista puesto que
pensaba que con los juicios al Terrorismo de
Estado, esas cosas no volverían a ocurrir.
¿Es que entonces, los juicios no tienen ningún
valor, más allá del reparatorio individual o
colectivo? Nada de eso, como rescató el Dr.
Rozanski en su fallo contra Etchecolatz, "el
derecho genera verdad", al decir de Foucault, y
estos juicios abonan la resignificación de un
pasado reciente que necesariamente debe ser
asumido como aprendizaje para las nuevas
generaciones de luchadores por la libertad y el
buen vivir.
Por esas razones, acaso sin siquiera imaginarlo,
el dictamen del Juez Oyarbide abona ese camino y
–tal como lo destaca en su resolutorio- pone en
su justo lugar a luchadores como Carlos Sosa o
Rodolfo Graff, revolucionarios comunistas para
quienes el sistema gubernamental de memoria
nunca tiene tiempo ni lugar para recordarlos.
"Sosa, Secretario General de la Unión
Ferroviaria de Villa Constitución y militante
del Partido Comunista, según el escrito de la
querella, fue detenido también el 20 de marzo de
1975. En su testimonio, Carlos Antonio Sosa
relata que el 5/8/76 estando en la casa de
Teófilo Graff llegan dos individuos armados en
un Dodge 1500, Graff logra escapar y él es
arrestado, con esposas y capucha es introducido
en un vehículo y llevado a un lugar donde
permanece cinco días en una celda. Oye que
personas son torturadas. Señala que luego es
trasladado en un vehículo policial a la
seccional central de la Policía provincial de
San Nicolás. Refiere que en este nuevo lugar
permanece 40 días y le dicen que está a
disposición del Area Militar 211. Es interrogado
por un mayor del Ejercito de apellido Bounier o
Borné y tratan de convencerlo que trabaje para
ellos dentro del movimiento obrero dada su
condición de Secretario General de la Unión
Ferroviaria, cargo que ocupó hasta el 20 de
abril de 1975 en que quedó cesante y como no
acepta, es amenazado y trasladado al Regimiento
de Pontoneros de San Nicolás" (a folios 16 del
resolutorio).
Carlos Sosa falleció luego de presentar la
denuncia penal contra el directorio de Acindar,
sin llegar a ver el juicio anhelado. Luego del
fin de la dictadura volvió al ferrocarril y a la
Unión Ferroviaria, resistió la privatización de
los FFCC y ocupó la estación local para un
emprendimiento productivo. Jubilado, andaba en
bicicleta convocando rebeldías cuando un infarto
le golpeó en su costado más sensible: su rojo
corazón rojo.
Fueron esos obreros ferroviarios y metalúrgicos
los primeros en denunciar lo que hoy se abre
paso trabajosamente en la sociedad: Acindar y
los empresarios nacionales fueron parte del
Genocidio tanto como Ford y la embajada de los
Estados Unidos. Esa es la primera verdad del
proceso histórico reciente, y por ello, la más
oculta por la derecha y el “progresismo”.
Acindar promovió el terrorismo de estado como
instrumento de un proyecto de país que nos sumió
en la crisis más profunda de nuestra historia.
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Imagen: Carina Barbuscia sobre imágenes de
archivo
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