ADELANTO
DEL LIBRO "MATAR PARA ROBAR, LUCHAR PARA
VIVIR. SANTA FE, 1976 - 2004".
Se cruzan,
se buscan, se desconocen. Asesinos y torturados,
financistas del terrorismo de estado y familiares
que buscan algún dato para su rompecabezas
que es, en realidad, un mapa del alma. La
realidad santafesina tiene una cuarta dimensión.
Marité
es la hermana que busca Agustín en
el bar de Urquiza y Dorrego en donde un Carlos
S. que se llama igual a alguien que supuestamente
sabe sobre ella dice que no la conoce y retruca
a los dioses ausentes qué se sabe de
Mónica Wolfin desaparecida cuando estaba
embarazada. Agustín, Carlos S., el
periodista, Rafael, Fernando, Edgardo, buscan
la verdad y la justicia, mientras que los
torturadores andan por esas mismas calles
ofreciendo seguridad para las escuelas pobladas
de chicos. Esos torturadores que a una cuadra
de distancia de ese bar se ensañaban
sobre los cuerpos en el Servicio de Informaciones,
hoy Centro Popular de la Memoria "El
Pozo", donde aparecen pintados los nombres
de los oficiales del Ejército, Viola
y Larrabure. Torturadores que saben más
que los jueces pero que ningún juez
citó a pesar de que ya estaban probados
sus crímenes de lesa humanidad cuando
explotaron las leyes de punto final, obediencia
debida y después los indultos. Como
José Rubén Lo Fiego, alias El
Ciego.
Una mañana
de 1997 recibió a ese mismo periodista
que está sentado en la mesa del bar
de Urquiza y Dorrego buscando datos sobre
Marité Vidal y le entregó tres
hojas escritas a máquina. Lo Fiego
seguía siendo el subjefe de Operaciones
de la policía rosarina y algunas veces
tuvo a su cargo las maniobras tendientes a
garantizar la seguridad de los espectadores
en los clásicos entre Central y Ñuls.
En esos papeles aparecía un resumen
en el que se mencionaban expedientes originales
de la CONADEP rosarina que ya no estaban en
la Cámara Federal de Apelaciones porque
en mayo de 1987 fueron enviados al Consejo
Supremo de las Fuerzas Armadas. Se mencionaban
los legajos originales de Fernando Brarda
sobre la "quinta operacional de Fisherton";
la denuncia sobre el caso de Héctor
Retamar en la que se habla de La Calamita;
los datos aportados por el ex sacerdote Santiago
Mac Guire en torno a otra quinta en Funes;
casas operativas del Comando del Segundo Cuerpo
de Ejército; la denuncia de Rafael
Erasmo Guerrero en torno a las torturas aplicadas
en la Escuela Técnica "Magnasco";
posibles cremaciones de cuerpos de desaparecidos
en el Instituto Rábico de Rosario y
un legajo que incluía precisiones sobre
la identidad del personal de inteligencia
del batallón 121 y de la llamada Quinta
Operacional de Oliveros. Otro de esos legajos
que forman parte del resumen entregado por
Lo Fiego hace mención a la denuncia
de María Amelia González que
ofrece datos precisos sobre una quinta de
Fisherton a la que fueron conducidos con su
marido y en la que los torturan. Todos esos
lugares directamente vinculados a los integrantes
del Ejército Argentino no fueron tenidos
en cuenta en las investigaciones que buscaban
generar justicia en torno a los delitos de
lesa humanidad.
Por eso
Agustín, Fernando, Carlos S., Rafael,
Edmundo y cientos más buscan datos
y personas, tratan de unir los rompecabezas
y apenas pueden un poco. Nada más que
un poco. Son arqueólogos del infierno.
Los que buscan sus raíces y también
sus consecuencias. Por eso es necesario que
los jueces sigan con la investigación
realizada en la década del ochenta.
No que comiencen una vez más.
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