Por primera vez en mucho
tiempo, las voces silenciadas del modelo económico
se reunieron para compartir experiencias,
denuncias y proyectos. Para sumar resistencias
y plantear sus reclamos en las narices mismas
del poder. Esas voces son las que comienzan
a delinear un debate que, a esta altura, se
hace imprescindible: la cuestión de
la tierra, para qué, para quiénes,
para cuántos.
Los días 30 de junio
y 1 de julio se desarrolló en Parque
Norte, Capital Federal, el Congreso Nacional
y Latinoamericano sobre Uso y Tenencia de
la Tierra. Organizado por Federación
Agraria, dicho congreso tuvo por objetivo
instalar el debate acerca de esa Argentina
en la que el 43% de su suelo productivo está
en poder de sólo 4 mil propietarios,
o aquella que en la década menemista
barrió con más de 100 mil pequeños
y medianos productores. Los cientos de asistentes,
llegados a Buenos Aires desde distintos puntos
del país y el exterior,
le pusieron voz y sentidos a un encuentro
que, para no variar, brilló por su
ausencia en la agenda informativa de la mayoría
de los medios de comunicación, y en
donde el tema de la tierra se enlaza a un
presente de historias arrasadas.
En diálogo con Alapalabra,
el secretario de Derechos Humanos de la Nación,
Eduardo Luis Duhalde, no dudó en señalar
que "la problemática del uso y
la tenencia de la tierra, y la tierra en sí,
forman parte de la lucha por los derechos
humanos fundamentales". Entre otras cuestiones,
Duhalde también confesó que
"todos los días constatamos desde
problemas puntuales a problemas generales
como la concentración de la tierra,
la extranjerización, la degradación
del suelo, la expulsión de comunidades
aborígenes de sus tierras centenarias.
Los problemas en el sur con las compañías
petroleras... En fin, la problemática
es múltiple, diversa y grave".
A la luz de lo expuesto
en este evento, desde Catamarca a Entre Ríos,
desde Formosa a Río Negro, la geografía
argentina aparece en su dimensión más
brutal. Basta escuchar al mendocino Juan José
Bravo decir que las zonas de San Carlos, Malargüe,
San Rafael o General Alvear están comprometidas;
basta oír al santiagueño Juan
Marcelino Cuellar hablar de "topadoras
que quieren pasar por encima de los ranchos";
basta repasar el testimonio del misionero
Eugenio Casalaba denunciando que "solamente
una empresa tiene el 12% de la mejor tierra
de la provincia" para entender de qué
se trata eso de un país en constante
remate. Las 900 mil hectáreas que Luciano
Benetton posee en la Patagonia lo confirman,
lo mismo que las 500 mil que George Soros
acumula en Buenos Aires, por citar apenas
un par de ejemplos.
Pero las cosas, claro,
no terminan ahí. Si advertimos que
7 empresas absorben el 80% de la producción
láctea, o que 10 empresas manejan el
77% del negocio de la carne, o que entre 5
y 8 empresas controlan más del 90%
de las exportaciones de harina y aceite de
soja, amén de la elaboración
de alimentos, estaremos en presencia de un
proceso en que la concentración de
la tierra tiene su correlato en otras áreas:
primero, en la industrialización de
sus productos, y luego en la comercialización
de los mismos vía grandes cadenas de
hipermercados.
En ese sentido, el economista y actual legislador
nacional por Fuerza Porteña, Claudio
Lozano, fue categórico: "esto
comienza a darse orgánicamente a partir
del golpe de Estado del '76. El tema del cultivo
de trigo-soja conjunto, desplazando la ganadería,
es la primera fase de una etapa que luego
se profundiza con fuerza durante la década
del '90 con lo que fueron las estrategias
de apertura, desregulación y privatizaciones".
Y concluyó: "hay un fenómeno
de concentración y trasnacionalización
que incluso si uno dejara la tierra como está,
el proceso de explotación del suelo
argentino no lo tenemos nosotros".
En ciertos sitios de tarjeta
postal, esto ya lo saben hace rato: "en
departamentos donde están ciudades
como San Martín o Junín de los
Andes el 70% de la propiedad privada está
en manos extranjeras", relató
Luis Tiscornia, docente de la Universidad
del Comahue. O en la región tabacalera
de Corrientes, tal lo detallara Juan Carlos
Calarco: "de 20 mil productores iniciales
se conservan algo más de 4.500",
arremetió.
Y no eran únicamente cifras, eran las
veces que no caímos en la cuenta que
dos por tres se nos desplomaba uno, por todo
derecho en esta dulce tierra.
A desalambrar
Entre 1988 y 2002, mediaron
catorce años sin registros que
dieran cuenta de lo que ocurría
con la tierra en la Argentina y, por
extensión, de la realidad de
los derechos humanos y su ligazón
al mundo rural.
El último Censo Nacional Agropecuario
permitió comprobar que en esos
catorce años desaparecieron en
el país 123.796 pequeñas
y medianas explotaciones. De ellas,
57.926 pertenecían a la región
pampeana. Adentrándonos en la
provincia de Santa Fe, los números
muestran que entre 1988 y 2002 cayeron
9.487 establecimientos, panorama que
lógicamente puede reconocerse
en las estadísticas referidas
a los propios departamentos: 312 en
Caseros, 666 en Constitución,
562 en Rosario y 1.090 en General López.
Estos datos, referidos al sur provincial,
son una síntesis de lo que ocurrió
en todo el territorio santafesino en
el marco de políticas que favorecieron
la concentración de tierras y
riquezas, hecho confirmado con el aumento
de los promedios de hectáreas
por explotación: de 300 hectáreas
en 1988, se pasó a 400 en 2002.
Es decir que hay menos propietarios,
pero con más campo.
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