ENTREVISTA
CON ALCIRA ARGUMEDO: DE 1880 A LOS TIEMPOS
QUE CORREN
De la
concentración económica inaugurada
en el siglo XIX a las manifestaciones populares
de diciembre de 2001. Del terrorismo de estado
como herramienta para la domesticación
social. De la crueldad y las impunidades repetidas.
De los incipientes movimientos sociales latinoamericanos
y su búsqueda de las raíces
como motor del futuro. De todo esto habló
con Alapalabra Alcira Argumedo, una de las
voces más claras del pensamiento argentino.
-Si la historia argentina
se contara desde el proceso de concentración
económica en favor de determinados
grupos empresariales, ¿en qué
hechos históricos se pueden resumir
estos quiebres en favor de esos grupos?
-Esto ha tenido en la historia distintas etapas.
Una primera etapa es la concentración
de los años '80, que es la de los gobiernos
oligárquicos. Otra etapa fue la inmediatamente
posterior a la crisis del '30, con la década
infame. Y una tercer etapa se inicia en 1976,
con la dictadura militar, aunque tiene un
primer antecedente, que no se puede implementar,
con el Rodrigazo en 1975. Esta etapa tiene
un punto de inflexión en el 2001, con
un doble fenómeno: el límite
que encuentra esta política de endeudamiento
para financiar el traslado a grupos económicos-financieros;
y el proceso de movilización popular
que de alguna manera termina saturando un
vaso que durante 25 años había
sufrido una política de traspaso de
recursos o riqueza pública y social
en favor de estos grupos económicos-financieros.
El corralito indicaba que había encontrado
un techo esta política de endeudamiento,
apertura total de la economía, convertibilidad
en un dólar espúreo, una balanza
comercial desfavorable... Este esquema hace
crisis a lo largo del 2001.
-Con
el golpe de 1976 se inicia un proceso de desindustrialización
de la mano de una política represiva.
-Claro. Acá se combinaron dos elementos:
la lucha antiguerrillera en sí misma
no necesitaba bajar un 40% los salarios reales
en el primer año de instauración
de la dictadura. Por eso se instala un esquema
represivo para evitar la protesta social.
Se sabe que una proporción muy alta
de los desaparecidos eran delegados internos
de fábricas, que no tenían una
ligazón directa con la guerrilla. Al
mismo tiempo se intenta imponer una nueva
forma de redistribución de la riqueza
en favor de grupos económicos financieros.
Esto fue acompañado, igual que en la
etapa de la convertibilidad, con un dólar
barato que hacía muy dificultosa la
producción en el país, sobre
todo con una apertura total de la economía.
Sucedió lo mismo que en los '90. Esa
desindustrialización tenía un
objetivo político: romper las bases
de un movimiento político que articulara
trabajadores con pequeños y medianos
empresarios interesados en el desarrollo del
mercado interno y del bienestar. Y esa desindustrialización,
esa ruptura de las bases estructurales de
ese movimiento potencial, iba acompañado
con el favor hacia grupos económicos-financieros
que se movían con la especulación
financiera, con importaciones o con algunos
puntos industriales que después van
a ser las privatizaciones. Mientras tanto,
se desprotegía totalmente a los pequeños
y medianos productores rurales o industriales
que no podían competir con los altísimos
costos internos en dólares, por el
precio del dólar y por las altísimas
tarifas de los servicios privatizados.
-Esa
dictadura instala la desaparición de
personas. ¿Qué impacto tiene
en la sociedad esta figura del desaparecido?
-La figura del desaparecido es especialmente
brutal, porque evoca un doble elemento: el
de la impunidad absoluta, y el de la incapacidad
de los seres queridos de elaborar el duelo
porque no saben si están vivos o muertos.
La figura del desaparecido es de una especial
crueldad, y esta especial crueldad e impunidad
actúa como un elemento muy subliminal,
muy encubierto de disciplinamiento social.
Es decir, en cualquier momento la vida humana
vale tan poco que se esfuma. Ni siquiera tiene
una tumba, se esfuma. Y esto hizo que el terrorismo
político de la desaparición
pudiera ser reemplazado fácilmente
por el terrorismo económico, que era
la constante amenaza de las cosas terribles
que podían suceder si no se cumplían
las imposiciones del Fondo Monetario y del
Banco Mundial. Y después, leyes como
la de obediencia debida, que es una aberración
jurídica: un parlamento democrático
en una sociedad supuestamente democrática
determina que torturar a un bebé de
8 meses con una picana eléctrica para
hacer hablar al padre no es delito si esto
viene de una orden superior. Esa ley de obediencia
debida tiene un elemento de aberración
que verdaderamente da un mensaje de impunidad
terrible, y por lo tanto creo que el hecho
de haber sido anulada es un salto cualitativo
en términos políticos y culturales
muy importantes.
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Deudas
En relación a
los movimientos sociales registrados
en Latinoamérica, Alcira Argumedo
sostuvo que "tiene una gran fuerza
simbólica el hecho de que se
comience a replantear desde las raíces
cuál es el futuro de América
Latina. Es significativo que algunas
de las perspectivas más inteligentes
como esbozo de lo que podría
ser un nuevo modelo de sociedad surja
de movimientos que tienen en cuenta
el peso de su historia. Hay todo un
panorama histórico latinoamericano
por resolver, y son por lo menos 500
años. Por eso me pareció
maravilloso las declaraciones del dirigente
Felipe Quispe, durante el conflicto
del gas en Bolivia. Como el beneficiario
principal de esa exportación
de gas iba a ser Repsol, la compañía
petrolera y gasífera estatal
española, Felipe Quispe lo invitó
a Aznar, por entonces primer ministro
español, a que se discutiera
el debe y el haber en las relaciones
entre Bolivia y España. Aznar
pedía una indemnización
por la ruptura del contrato, y Quispe
contestó: "muy bien, venga
señor Aznar, vamos a discutir
pero vamos a discutir todo, desde el
cerro de Potosí hasta ahora.
Y entonces vamos a ver quién
le debe qué a quién".
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