EL PROYECTO DE MARTÍNEZ
DE HOZ (SEGUNDA NOTA)
Guillermo Bolatti, arzobispo
rosarino, sabía de la represión
desatada en Villa Constitución a partir
del 20 de marzo de 1975 y no hizo nada para
aliviar la situación de los perseguidos,
y se negó a respaldar al obispo de
San Nicolás, Carlos Ponce de León,
asesinado dos años después.
Esto se desprende de las investigaciones que
se llevan a cabo en el juzgado federal de
San Nicolás a cargo del doctor Carlos
Villafuerte Russo.
La
complicidad
"Es
necesaria la reivindicación del obispo
Ponce de León", empieza diciendo
Raúl Vacs, sobreviviente de las mazmorras
del terrorismo de estado en San Nicolás,
histórico dirigente del Partido Comunista
y hoy militante por los derechos de los jubilados.
Su testimonio habla de la labor del obispo
asesinado el 11 de julio de 1977, en cercanías
de Ramallo, cuando Villa Constitución
sufrió la invasión de cuatro
mil integrantes de la policía federal,
patotas del sindicalismo de derecha, grupos
de la policía santafesina y personal
de los Comandos del Ejército, tanto
de Buenos Aires, como de Santa Fe.
-Me contacté con él a partir
de aquella primera experiencia fascista en
la Argentina que fueron los hechos de Villa
Constitución. Yo estaba, en esos días
de la invasión de la ciudad vecina
a San Nicolás, en España. Pero
mi hijo estaba en la casa de un amigo, de
Raúl Horton que era fotógrafo.
Ese día, el 20 de marzo de 1975, tuvieron
que cobijarse debajo de una mesa por el ruido
infernal de balas, los estruendos sobre los
techos de zinc, las puertas violentadas. Fue
una noche de terror. El hijo de mi amigo,
obrero y delegado de Acindar, pudo escapar
de esa represión junto a Segovia, el
único integrante de la comisión
directiva del sindicato que siguió
en libertad. Raúl Horton hijo, entonces,
comenzó a promover un comité
de lucha por los presos de Villa Constitución.
Hablé con él en Rosario. Y me
pidió que hiciéramos todo lo
posible para hablar con Alberto Rocamora,
el entonces ministro del Interior del gobierno
de Isabel Martínez de Perón.
La idea era que Rocamora ofreciera garantías
para hacer una entrevista con ellos y que,
de paso, cuidara la vida de los activistas.
Nosotros hicimos un comité de ayuda
en San Nicolás y en eso debo reconocer
el notable papel que tuvo el intendente radical
de entonces, Atilio Parodi. Las reuniones
se hacían, justamente, en el local
de la UCR.
Entonces decidí entrevistarme con monseñor
Carlos Ponce de León. Cuando lo fui
a ver tuve que eludir la presencia de monseñor
Mancusso que era el prototipo de la iglesia
reaccionaria, todo lo contrario de Ponce.
Al fin pude llegar hasta él y le expliqué
el problema. "¿Cuándo
tendría que viajar para entrevistarme
con Rocamora?" me preguntó
el obispo. "Ayer" le dije.
"No, ni ayer, ni hoy. Mañana.
Porque primero tengo que entrevistarme con
el obispo de Rosario porque Villa Constitución
pertenece a la diócesis de Rosario.
Yo sé que se va a oponer. Pero necesito
no pasar por encima de él. Como sé
que me va a decir que no, mañana viajo
a verlo a Rocamora". Y lo hizo. "No
tuvo ni la entrevista ni las garantías”,
contó Raúl Vacs.
Bolatti, en tanto, tenía
como secretario al sacerdote Héctor
García, el mismo que tiempo después
exigiría regalos a los familiares de
los desaparecidos que buscaban información
sobre el destino de sus seres queridos. Treinta
años después, el arzobispado
rosarino todavía no ha hecho ninguna
autocrítica sobre su complicidad con
el terrorismo de estado e incluso ha promovido
a Eugenio Zitelli, capellán de la policía
rosarina, al rango del monseñor, aprobado
desde el Vaticano. Ahora hay que sumarle,
después de la declaración de
Vacs, su desprecio por la suerte de un verdadero
obispo cristiano como Carlos Ponce de León.
Las causas en San Nicolás
Juan Murray es el fiscal subrogante del juzgado
federal de San Nicolás, a cargo del
doctor Carlos Villafuerte Russo. Es quien
está produciendo la prueba necesaria
sobre los hechos que comenzaron a configurar
el terrorismo de estado desde la invasión
a Villa Constitución, en marzo de 1975
hasta 1983. En diálogo con este cronista
apuntó que desde agosto de 2004 requirieron
"la reapertura de todas las causas
relativas a la represión ilegal instaurada
en nuestro país entre 1975 y 1983 en
todo el área que configuraba la vieja
jurisdicción del juzgado de San Nicolás,
que estaba comprendida por los partidos de
San Nicolás, Ramallo, San Pedro, Baradero,
Arrecifes, Campana, Capitán Sarmiento,
Zárate, Pergamino, Rojas y Colón",
sostuvo. Agregó que ya existen pruebas
testimoniales que se incorporan en los diversos
legajos aportadas por familiares de las víctimas
que se presentaron como querellantes particulares.
A manera de ejemplo relató que en la
causa Di Pasqua, la causa madre, se presentó
Alba Lancilloto, que es secretaria de Abuelas
de Plaza de Mayo. También están
los testimonios de Claudio Novoa y Gastón
Gonzálvez, en una matanza ocurrida
en 1976 en calle Juan B. Justo, en San Nicolás;
y las hermanas de Osvaldo Cambiasso, requiriendo
la reapertura de la causa. Allí estuvo
imputado Luis Abelardo Patti.
Apuntó que "tiene una gran
importancia la causa del obispo Ponce de León.
Una causa especial que condensa todo lo que
sucedió en ese período en esa
jurisdicción, norte de Buenos Aires
y sur de Santa Fe. Vamos reconstruyendo la
relación entre todos los poderes económicos
de la zona con la represión ilegal.
Simples ciudadanos, laicos y religiosos están
aportando testimonios muy importantes sobre
la pastoral de Ponce de León. Se trataba
de una personalidad notable. En San Nicolás
hay una imagen de Ponce de León que
pertenecía a una casta privilegiada
o que tenía cierto espíritu
conservador. Sin embargo, lo que vamos reconstruyendo,
indica todo lo contrario. Una persona absolutamente
crítica a las situaciones de injusticia,
de acumulación de poder y dinero y
creemos que en todo eso está la causa
de la muerte de Ponce de León",
afirmó.
En relación a la participación
de policías y militares de la provincia
de Santa Fe, Murray destacó que "no
solamente en Cambiasso Pereyra Rossi o en
el quíntuple homicidio en San Nicolás,
se ha determinado una comunicación
fluida y una información proveniente
del servicio de informaciones de la policía
de la provincia de Santa Fe que se hizo presente
en San Nicolás y que intervino en la
matanza juntamente con personal de la policía
federal, de la bonaerense y directamente coordinada
por la jefatura del área militar 132
que estaba a cargo del teniente coronel Saint
Aman. Eso se ha determinado y documentado
en la causa. Y también por documentos
de la época, de 1976. Toda la información
y apoyo directo provino de la policía
de Santa Fe bajo las órdenes del Segundo
Cuerpo de Ejército", remarcó
el fiscal.
volver
a Alapalabra Nº 9 . volver
a todas las tapas
